El
segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) comenzó incluyendo la
reforma administrativa del sector público como parte del cambio institucional
delineado en el VIII Plan de la Nación. Según CORDIPLAN (1990:86-87), este era
entonces un sector “burocratizado, descoordinado, ineficaz y carente de
controles efectivos”, que había crecido “por agregación de partes, sin un plan
coherente de desarrollo”, propiciando “el desarrollo de factores que favorecen
la expansión de la corrupción administrativa” sin lograr la prestación oportuna
de servicios públicos de buena calidad. Para transformarlo en un sector
“dinámico, confiable y responsable, capaz de reaccionar eficientemente a las
exigencias del desarrollo económico y social”, el gobierno anunció la
redefinición de su “grado de actuación reduciendo especialmente su ámbito
empresarial” y aprobando la descentralización y desconcentración política y
administrativa. Además, su estrategia incluía “la modernización de la Dirección
Superior del Estado, la profesionalización de la gerencia pública, la
adecuación del control legislativo sobre la gestión pública, la liberación de
las trabas administrativas y la reducción de la discrecionalidad de los funcionarios”,
medidas previamente recomendadas (entre otras) por la Comisión Presidencial
para la Reforma del Estado (COPRE), nombrada por Jaime Lusinchi durante el
gobierno anterior (1984-1988).
La
Constitución de 1999 replanteó la tarea. Nuevas leyes se han aprobado desde
entonces, y una nueva Comisión Presidencial para la Transformación de la
Administración Pública Nacional fue nombrada en septiembre de 2002 con el
propósito, entre otros, de “diseñar el nuevo modelo de Administración Pública
Nacional”. Cinco años después, antes de presentar una propuesta de Reforma
Constitucional, el Presidente anunció una nueva “transformación sustancial de
los principios y lineamientos de funcionamiento y organización de la
Administración Pública; del sistema de planificación y de articulación de la
acción del Estado con los distintos actores públicos”, orientada en esta
ocasión a la construcción del socialismo. Para ello nombró una Comisión Central
de Planificación a la que encomendó “integrar todos los planes que desarrollan
las alcaldías, gobernaciones y otros entes gubernamentales” y “elaborar el mapa
central de la estructura económica tanto estatal como privada, que sirva de
base para elaborar el nuevo modelo socialista”.
En
Venezuela, hasta ahora los intentos de reforma han Perseguido mejorar una
estructura pública intrínsecamente muy deficiente, sin buscar la modificación
de las bases conceptuales que sustentaban el proceso de reforma. Lo que se
pretende con la Ley Orgánica de Administración Pública es propiciar el cambio
administrativo, ajustando la lógica de funcionamiento y constituyendo un nuevo
paradigma de gestión más flexible desde la reforma del Estado (1991-1998) hasta
los producidos a partir del triunfo del presidente Hugo Chávez. La revisión del
modelo de administración centralizado-burocrático populista (característico del
período de reinstauración democrática 1958-1991), sus enfoques teóricos para su
modernización, así como las líneas sobre las cuales se han introducido los
cambios en la era Chávez, permitirán diferenciar los tres modelos que a nuestro
juicio pueden identificarse en el caso venezolano:
1. Modelo de Administración
Burocrática–Populista Centralizado 1958-1989,
2. Modelo Descentralizado del Estado
1990-1998,
3. Modelo de Administración Burocrático-populista
con base militar 1998- en desarrollo.
Los
cambios observados en los modelos administrativos se centran fundamentalmente
en:
a.-
desplazamiento de mediadores clave, los partidos tradicionales dan paso en el
modelo de reforma del estado al estamento gerencial y en el caso del modelo
administración Chávez, a la mediación de la fuerza militar, lo cual opera desde
el inicio de su gobierno,
b.-
la estructuración de una administración pública paralela (en una etapa más
reciente con la creación de las misiones) de programas sociales centralizados y
liderados por militares., reproduciendo rasgos del modelo burocrático populista
centralizado.
Los
planteamientos generados desde los organismos multilaterales, para el
establecimiento de las condiciones para el funcionamiento administrativo del
sector público en los países en vías de desarrollo, han girado sobre dos
cuestiones: la gestión económica y social. Así los intentos por la
transformación de la administración pública y de los aparatos públicos en general
de los países de América Latina ha transcurrido en medio de condicionantes de
carácter internacional, impactados por las mutaciones en materia económica y
las subsecuentes crisis en las estructuras internas de las economías de dichos
países.
En
una primera etapa, los esfuerzos por la introducción de un modelo de
administración pública moderno eficiente y eficaz, se dieron en el marco del
modelo de sustitución de importaciones, y de una política de gran expansión de
la administración pública. El consumo interno era de vital importancia para
lograr la legitimidad del modelo democrático, por lo que los planes van
dirigidos fundamentalmente al logro de una organización centralizada de la
administración mediante la cual los beneficios de la economía eran distribuidas
mediante diversas agencias y estructuras de mediación, tales como los partidos
políticos que dominaron la escena política dentro de lo que fue la conciliación
de poder a partir de 1958.
En
una segunda etapa (ubicada a partir de los últimos años de la década de los
años ochenta) los esfuerzos fueron dirigidos, ya en medio de cambios
extraordinarios en la dinámica económica mundial, asociados a la crisis que se
inició en los centros de desarrollo mundial, Estados Unidos y Europa, que
requerían fortalecer el mercado mundial globalizado, para lo cual las economías
de los países receptores de tecnología debían funcionar eficiente, es así como
la transformación de la administración pública era requisitorio.
Las
propuestas para la modernización y reforma del Estado y de su administración,
han venido incorporándose a las agendas internacionales de los organismos
internacionales como fundamento de cumplimiento para asegurar acceso a recursos
y asistencia a los países, así como para la necesaria sinergia de las economías
y las administraciones con el mercado internacional más que con las grandes
necesidades nacionales que se vinieron acumulando, ellas han revestido diversas
denominaciones, tales como Governanza, Governance, Nueva Gerencia Pública (New
Public Administration) y Buen Gobierno, todas ellas parecen confluir en la
estructuración de una administración pública eficiente y en la demarcación de
una relación en el marco de regulaciones del mercado entre los ciudadanos y el
gobierno o el Estado, nuevos papeles son atribuidos a ambos: es decir un papel
determinado al Estado en tanto garante de las condiciones para su legitimación
tanto como prestador de servicio así como para el acceso a recursos
internacionales, por otro lado para el mantenimiento del crecimiento económico
necesario, el papel atribuido a la sociedad es más activo en el sentido de que
este es co-responsable del desarrollo de las actividades y logros de los
objetivos públicos, más no estadales.
